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15/09/2013

El gobierno hace pagar a los ciudadanos y a las renovables (EL PAIS)

El sector de la energía, y especialmente
el eléctrico, adolece en casi
todo el mundo de insuficiente
competencia por su carácter oligopolístico:
los precios no los determina
solo el mercado, sino que también dependen
del poder económico y de la influencia
que un número reducido de empresas pueda
ejercer sobre la Administración pública
que determina sus remuneraciones.
Este proceso se manifiesta de forma
acentuada en España con el comportamiento
durante la crisis del precio de la
electricidad, que se ha elevado desde
2006, según Eurostat, un 60% para los consumidores
industriales y un 88% para los
domésticos, en contraste con otros sectores
como la alimentación o las telecomunicaciones
en los que la mayor competencia
les ha forzado a reducirlos. Se ha llegado
así en 2012 a una situación en la que el
precio de la electricidad supera en España
a la media de la UE-27 en un 32% para el
consumo doméstico y en un 21% para el
industrial.
No es por ello extraño que las empresas
energéticas españolas hayan estado y estén
en el punto de mira de inversores nacionales
o extranjeros, atraídos por esa relativa
facilidad para obtener beneficios en España.
De las cinco eléctricas de la patronal
UNESA, tres han pasado a ser propiedad de
empresas extranjeras. Otro tanto ha sucedido
con dos de las tres grandes petroleras
españolas.
Los consumidores españoles han incurrido
además, sin ser conscientes de ello,
en una deuda o “déficit tarifario” de 27.000
millones de euros con las eléctricas, convertida
en un serio problema financiero
que gravita sobre el riesgo país. Las consecuencias
de estos hechos son letales, tanto
para las familias, que ven reducida su renta
disponible, como para la competitividad
de la industria española.
Esta grave situación requiere un esfuerzo
institucional para analizar los mecanismos
que permiten a las empresas eléctricas
disfrutar de una mejor vida económica
a costa de empeorar la de los ciudadanos y
empresas de este país. Para ello, hay que
recuperar lamemoria que afortunadamente
custodia las causas del déficit tarifario,
consecuencia de algunas de las reglas que
rigen el sistema eléctrico español.
El relato dominante, difundido por las
cinco eléctricas, debe ser depurado de numerosos
inductores semánticos y de la ingeniería
contable regulatoria, que distorsionan
un diagnóstico acertado. Muchas
personas con conocimientos y experiencia
del sector pensamos que en realidad no
existe un déficit tarifario eléctrico, sino un
“superávit de retribuciones reconocidas”.
El desbalance final es el mismo, pero la
consecuencia es que no hay que aumentar
las tarifas, sino reducir los ingresos a las
centrales hidroeléctricas y nucleares, que
superan los que la regulación les reconoció
cuando realizaron sus inversiones.
Además, hay un orden arbitrario en el
reparto de los ingresos por venta de electricidad.
Primero se retribuye a las centrales
convencionales la energía producida y sus
costes regulados, mientras que las renovables
se liquidan luego (absurda, pero interesadamente)
junto con el transporte y la distribución.
Por eso una recaudación insuficiente
genera un déficit que, contablemente,
aparece asociado a las renovables, aunque
haya sido producido por la sobrerretribución
a hidroeléctricas y nucleares.
Tampoco es cierto que el precio de la
electricidad se establezca libremente en el
mercado spot y que el Gobierno solo actúe
en los costes regulados de los peajes. En
realidad, todas las actividades están reguladas,
empezando por la energía que no se
paga al precio del mercado spot, sino al
precio —un 15% más elevado— de unas subastas
reguladas que fijan las tarifas de último
recursoquepagan22millonesdehogares
y que, indirectamente, determinan el
precio al resto de los consumidores.
Las energías renovables tampoco son
las únicas que perciben pagos regulados
(aunque solo en ellas reciben el peyorativo
nombre de primas). De hecho, los han percibido
todas las demás centrales bajo diferentes
denominaciones: “incentivos a la inversión”,
“pagos por disponibilidad”, “costes
extrapeninsulares” y las compensaciones
por “costes de transición a la competencia
(CTC)”. El importe de todo lo percibido
por las denominadas actividades liberalizadas
supera ampliamente al de las renovables.
El relato que difunden las eléctricas induce
diagnósticos y planteamientos equivocados
no solo a los reguladores, sino a
las empresas consumidoras de electricidad.
Así, el presidente de la CEOE ha intervenido
en el debate señalando que “la
energía nuclear es buena, bonita y barata”
(para alegría de las cinco eléctricas que
pertenecen a esa organización). No se ha
enterado de que el menor coste nuclear y
de las hidroeléctricas (todavía más buenas,
bonitas y baratas) no se traspasa a los
precios que pagan por la electricidad las
restantes 1.999.995 empresas de la CEOE,
muy superiores a los de sus competidores
europeos.
Esos dos millones de empresas tendrían
que preguntarse por qué tienen que
pagar al coste más elevado de las centrales
de gas la “energía barata” producida
en las centrales hidroeléctricas y nucleares,
cuando sus propietarios han recuperado
ampliamente su inversión a través de
diversas retribuciones pagadas por dichas
empresas.
El resto de los ciudadanos, indignados
también por pagar las tarifas domésticas
más altas de Europa, deberían saber que
también se debe a la sobrerretribución hidroeléctrica
y nuclear. Volver a pagar los
precios originarios que las eléctricas consideraron
suficientes para acometer sus inversiones
restituiría, en la terminología del
Gobierno, una “rentabilidad razonable” para
hidroeléctricas y nucleares que nadie
podría objetar.
El mercado spot puede ser un mecanismo
eficiente para determinar la producción
de las distintas centrales. Pero ello no
implica que todas ellas deban remunerarse
al precio de unmercado que es ajeno a
las normas existentes cuando se construyeron
y a sus costes remanentes.
El mecanismo de remuneración actual
debe modificarse para eliminar efectos paradójicos
y perversos. Algunos ejemplos: si
todas las centrales en España fueran de
gas (las de mayor coste variable), el precio
de mercado seguiría siendo el mismo, a
pesar de que los costes serían muy superiores
a los del mix actual, que incluye centrales
hidráulicas y nucleares, de costes muy
inferiores. Por la misma razón, si se cerraran
las centrales nucleares o si, por el contrario,
se prolongara su vida otros 20 años,
el precio de mercado apenas variaría, aunque
en ambos escenarios el coste del suministro
sería bien distinto.
Siempre que se han cambiado las remuneraciones,
todos los Gobiernos han sido
muy escrupulosos para que las empresas
recuperaran las inversiones realizadas. Sucedió
con la parada nuclear hace 30 años y
en 1997 con las centrales existentes al entrar
en vigor la Ley del Sistema Eléctrico.
En ambos casos, los perceptores eran las
eléctricas de UNESA. En cambio, este principio
se ha conculcado con los recortes a
las renovables. Sus inversores, especialmente
los solares —que no pertenecen a
UNESA— se sienten estafados por el BOE,
porque ha incumplido, incluso retroactivamente,
normas anteriores publicadas en el
mismo BOE que establecían la remuneración
que les indujo a invertir.
Este tratamiento tan asimétrico se acentúa
en el caso de los CTC. Las cinco eléctricas
deberían haber dejado de percibirlos en
2005 al alcanzarse el importe máximo contemplado
en la ley (“Si el coste resultara
superior a 36 euros/MWh, este exceso se
deducirá del importe pendiente de compensación”).
Como dichas deducciones no se
han seguido verificando (contra las recomendaciones
del Libro Blanco encargado a
un grupo de expertos en 2005), las eléctricas
han ingresado adicionalmente de forma
inesperada un importe considerable que
computa en el déficit. Sin embargo, cuando
surgió la posibilidad de proceder a una más
que razonable quita del déficit, las eléctricas
se adelantaron, logrando titulizarlo con
el aval del Estado e impidiendo la quita.
En las medidas aprobadas el pasado julio,
el Gobierno ha preferido, de nuevo, hacer
pagar el desbalance a los consumidores,
a los contribuyentes y a las renovables
(que han visto reducidos sus ingresos,
mientras se mantenía la sobrerremuneración
hidroeléctrica y nuclear) sin contemplar
siquiera la revisión final de los CTC
prevista en el Protocolo de 1997.
Un sector tan regulado y con un déficit
tan cuestionable no puede continuar con la
opacidad existente en sus costes reconocidos
y en la distribución de ingresos entre
los agentes del sector. Es inexcusable implantar
una transparencia que, partiendo
de una auditoría del conjunto del sistema
regulatorio, vayamás allá de las cuentas de
las empresas, para restaurar la confianza
perdida y servir de base a la reforma regulatoria
que sigue pendiente... porque lo hecho
no es reforma alguna, sino más de lo
mismo. Además, si existiera algún riesgo
de que, como advirtió en Nueva York el
presidente de Iberdrola el pasado mayo,
las eléctricas pudieran terminar como las
cajas, sería preferible que se conociera con
la mayor antelación posible.
El Gobierno puede autocomplacerse explicando
su no-reforma energética y atreverse
a adoptar unas —pero no otras— medidas.
Lo que no puede es evitar sus consecuencias
negativas sobre la política energética
que requiere el país en este momento:
conseguir un abastecimiento energético a
un menor precio que reduzca la dependencia
exterior, minimice el impacto ambiental
y promueva un desarrollo industrial
que cree empleo de calidad.
Todo ello puede conseguirse dejando de
reconocer sobrerremuneraciones inadecuadas
y apoyando de forma inteligente el
desarrollo industrial de las renovables,
uno de los pocos sectores internacionalmente
competitivos en los que España tiene
ventaja comparativa y que va a suponer,
según Bloomberg, el 70% de las inversiones
en nuevas centrales en todo el mundo hasta
2030. Basta con hacer prevalecer el interés
general sobre los intereses —por poderosos
que estos parezcan— de unas pocas
empresas. J
Este artículo lo firman también Alberto Carbajo
Josa, Francisco Maciá Tomás y Gerardo
Novales Montaner. Todos los firmantes han
ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio
de Energía, la Comisión de la Energía y el
Operador del Sistema Eléctrico.

Por MARTÍN GALLEGO MÁLAGA y jorge fabra utray
Maravillas Delgado
La firma invitada
EL PAÍS, DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013 NEGOCIOS 19



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