14 Oct Arruinados por el BOE (Interviú)
Los cambios legislativos abocan a perder todos sus ahorros a 55.000 familias que invirtieron en huertos de energía solar fotovoltaica
Se sienten engañados, vilipendiados y acorralados. Confiaron en el Estado y apostaron sus ahorros por una energía limpia bajo una promesa de rentabilidad segura, que incluso avalaba el ‘Boletín Oficial del Estado’. Pero este Gobierno y su predecesor han ido retirando las primas y ayudas a los huertos solares, y la economía familiar de pequeños inversores se asoma al abismo. Consideran
la última reforma energética, del pasado julio, un «atropello sin precedentes».
• Esther Ortega
Antes de volver a invertir me pego un tiro». Lo dice uno de los afectados, pero es el sentir general de los pequeños inversores que, antes de la crisis, apostaron por la energía solar fotovoltaica confiando en el impulso y la seguridad que les daba el Gobierno. Ellos, recalcan, no son especuladores. Colocaron sus ahorros en esa energía renovable para asegurarse la jubilación o costear los estudios de sus hijos, o por conciencia medioambiental. Aunque se les compara con los preferentistas, su engaño, aseguran, es mayor. Ellos no confiaron en una empresa privada, sino en el Estado, que publicó en el BOE garantías para incentivar la entrada de capital privado en las energías renovables. El mismo Estado, en los Últimos cuatro años, ha cambiado las reglas del sector, retirando primas y subvenciones, sin las cuales los huertos solares son económicamente inviables.
«Estoy en una situación calamitosa», dice Custodio Buil, un jubilado de Sena (Huesca) que se ha arruinado al intentar diversificar su actividad, arrastrando con él a su familia. Siempre se había dedicado a la agricultura y a las vacas lecheras: «Vi que mi labor no iba a tener futuro y decidió liquidar la explotación ganadera —cuenta—. Me explicaron todos los pasos y me fui motivando; incluso hice un
curso de instalaciones solares fotovoltaicas.
Todo encajaba con lo publicado». Por eso no dudó en involucrar a su familia: «Puse hasta las nóminas de mis hijos como avales. Mi mujer y yo tentamos un 60 por ciento, y los hijos, un 20 cada uno. . . Todo el patrimonio familiar sobre la mesa». Se corrían riesgos, pero Custodio y su mujer —a la que perdí hace unos meses— estaban
ilusionados. Hasta celebraron una fiesta de inauguración de su huerto solar. A Custodio le quedan 250.000 euros por pagar, demasiado para alcanzar la «rentabilidad razonable» que quiere el
Gobierno (7,5 por ciento antes de impuestos, sobre estándares decididos por Industria). Por eso batalla para frenar la última reforma eléctrica. Por eso, y por su mujer: «Por ella voy a luchar», dice. El caso de Custodio es común, como el de 55.000 familias. Lo afirma Miguel Ángel Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energía Fotovoltaica (Anpier),
un inversor más que teme arruinarse y se siente engañado por los gobiernos socialista y popular: «No es solo que hayan provocado inseguridad jurídica; a base de reformas han derogado la ley con la que se construyeron los huertos solares». Además, sospecha que las sucesivas medidas en detrimento de la energía solar que se han adoptado en España responden a otros intereses: «Es una contrarreforma energética. Pero no se han atrevido con las hidroeléctricas ni las nucleares, que tienen una sobrerretribución
enorme y causan el déficit de tarifa del que se nos acusa a nosotros».
Comparte esta opinión Ramón Salvia, productor de Lleida: «Siempre se nos ha maltratado. Además de recortarte, que todos entendemos los ajustes, te ponen impuestos nuevos [7 por ciento sobre la producción] y te culpan de todo. Están al servicio de las eléctricas y hundiendo el país». Ramón es ingeniero técnico y padre de un niño de cuatro años. Participa en un parque solar en Linyola (Lleida) con otros once socios. Cada uno hizo una aportación inicial de 400.000 euros, y decidieron formar parte del proyecto ya que eran conocidos del pueblo. Entre los que se atrevieron está Jaume Pedrós, quinta generación de una familia dedicada a la agricultura. «El campo cada vez iba peor. El mismo Departamento de Agricultura [de la Generalitat] nos animaba a diversificar, y con esto veíamos mejor la jubilación». Pero pronto empezaron los problemas, ya que se limitó el número de horas de producción con derecho a prima, y se hacía más complicado mantener al día los pagos: «Es como si hasta agosto tuvieras 5.000 euros al mes y de repente te los dejan en 500. Si tienes una hipoteca, ¿qué haces? Encima los intereses te suben del 2 al 6 por ciento».
Esta restricción llegó con el Real Decreto Ley 14/2010, que también alargaba la supuesta vida útil de las plantas fotovoltaicas a 30 años, cuando solo días antes la habían reducido a 25 con el Real Decreto 1565/2010. Pero estas reformas eran solo el principio. En 2012, el Gobierno congeló la actualización del IPC e implantó un impuesto del 7 por ciento sobre la producción, del que se queja Salvia. La Ultima reforma, el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, elimina el sistema de tarifas e implanta la citada «rentabilidad razonable» del 7,5 por ciento antes de impuestos para las instalaciones más eficientes. Según los productores, al final el resultado del ejercicio podría ser negativo. Jaume coincide con Ramón en que «esta falta de seriedad» desincentiva que emprenda gente del ámbito rural. Juan Antonio Cabrero también participó en una inversión conjunta en Valtierra (Navarra). «Se creó una especie de cooperativa en la que cada uno tenía cinco o diez kilovatios y se formaba el parque», relata. A Cabrero aun le queda una deuda de 50.000 euros, y se siente manipulado: «Tuvimos que poner la vivienda como aval, pero para la refinanciación hay que poner garantías, y yo no tengo más. Es una sensación de angustia total».
CARTA A LOS DIPUTADOS
“Ya no podemos más, no podemos pagar, se acabó». Llego un momento en el que la desesperación de Baltasar G. G. le llevó a querer contar su experiencia en un e-mail a cada diputado del Congreso. Días después, el pasado julio, la Cámara baja aprobó la última reforma eléctrica. Baltasar es un defensor acérrimo de un
nuevo modelo energético y por ello decidió meter su dinero en renovables cuando ya tenía casi pagada su casa, «a modo de plan de jubilación». Invirtió junto a un socio en un pequeño huerto solar en Jumilla (Murcia) al que avaló con todos sus bienes: «Estaba convencido de la seguridad jurídica que me ofrecía un real decreto, publicado en un “BOE” con la firma del jefe del Estado. Haber aportado al principio el 10 por ciento de la inversión total nos ha permitido capear los dos primeros años de recortes». Pero ahora no pueden más: “Los ingresos no dan para pagar el crédito». Además de los recortes en las primas, debe hacer frente a un problema que afecta a muchos inversores fotovoltaicos, ya que está atrapado en un derivado financiero, o swap, por lo que ha recurrido al Supremo. En su carta a los diputados, Baltasar acababa con una pregunta que no le ha sido contestada: «¿Qué valores pretenden que transmita a mis hijos cuando ha sido el propio Estado el que ha provocado mi ruina estafándome y arrebatándoles un futuro por el que nos habíamos sacrificado?». Esa desesperación la conoce Isabel Bueso, natural de Almería y dueña de una instalación, dos paneles fotovoltaicos en el tejado de una nave de la empresa de su marido: «Nos están machacando económicamente, y mucho más psicológicamente, por la impotencia y la inestabilidad. Nos recortan cada vez que no les salen las cuentas». Antes de la crisis, las promesas del Gobierno
de que los huertos solares tendrían ayudas y dejarían suculentos beneficios llevaron a muchos productores a involucrar también a sus familias. Es el caso de Rafael Ortiz. El tenía una instalación fotovoltaica sobre una cubierta de Alcoy (Alicante), y animó a su cuñada y a su suegro para poner nuevos paneles. Además, dos de sus hijos son socios en la instalación, y su madre fue avalista, aunque pudo liberarla a tiempo. Calcula que en 2011 cobró un 21,8 por ciento menos de lo que debería haber cobrado según las condiciones iniciales, y un 23,4 por ciento menos en 2012, cuando su pequeño negocio solar arrojó un saldo negativo de 2.000 euros, que tuvo que aportar. «Siempre he confiado en el sentido común. Puedo entender un recorte, pero la reforma del ministro
Soria supone un 50-60 por ciento, y no puedo pagar el préstamo», explica. Justo Cruz, como Rafael, tuvo el respaldo de su familia. En la primera fase, en 2004, montó una instalación fotovoltaica
de 7,5 kilovatios en Ciudad Real, y dos años después serian su padre y su hermana quienes invirtieron, con más familiares como avalistas: «Solo le faltó firmar al gato», se lamenta Justo. De igual forma confió Manuel Blasco, de Córdoba, quien invirtió en un huerto fotovoltaico hace seis años para costear los estudios universitarios de sus hijos: «Era el patrimonio que iba a dejarles, su carrera, y ahora no puedo», se duele. Las promesas incumplidas por los sucesivos gobiernos han sido recurridas por asociaciones que defienden a los inversores. José Donoso, presidente de la
Unión Española Fotovoltaica, resume: con los sucesivos recortes, «han puesto un impuesto al sol Cuando no éramos competitivos, nos daban primas; y ahora que lo somos, nos ponen impuestos».
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